Acceso al uso medicinal del cannabis: una ampliación de derechos

  En noviembre entró en vigencia en el país la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados que surgió a partir de la construcción de consensos entre las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, los organismos públicos involucrados y las organizaciones no gubernamentales.

  La ley 27.350, sancionada en marzo de 2017, había sido muy criticada por la comunidad de usuarios, médicos, militantes y cultivadores debido a que disponía de restricciones reglamentarias que generaban barreras al acceso al cannabis por parte de la población. Como respuesta a ello, usuarias y usuarios satisficieron su propia demanda a través de prácticas de auto cultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles con este fin. Sin embargo, esta práctica hasta ahora, era ilegal: la tenencia de semillas y plantas aún en el ámbito privado y para consumo personal o terapéutico, estaba penado por la ley de drogas (23.737) con hasta 15 años de prisión.

  Si bien aún falta mucho para su efectiva implementación, al menos en el aspecto medicinal, esta regulación significará el fin de esa penalización y como contraparte la ampliación de derechos para el acceso a la salud.

  Las principales medidas de esta reglamentación son:

•  Se autoriza el cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolora toda persona y/o red de usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa nacional de Cannabis (REPROCANN)-Podrá inscribirse en el REPROCANN quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente-permite el acceso al aceite de cannabis mediante el auto cultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales en los casos en que exista indicación médica.
  
  
• Se habilita no solo a importar productos medicinales de cannabis sino también el expendio en farmacias habilitadas para vender y producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas. De esta manera se amplía el acceso a un producto seguro y accesible a través de los laboratorios de producción pública y privada.
  
  
• Se amplían las patologías habilitadas para el tratamiento: no solo tendrán el permiso los pacientes con epilepsias refractarias sino también el resto, cualquiera sea que obtenga efectos positivos.
  
  
• El Estado garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas.
• Se impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados, a la vez que avanza en garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias, otorgándole al médico un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes.
  
  
• Se implementarán acciones de promoción y prevención dirigidas a los equipos de salud y organizaciones de la sociedad civil que aborden la temática sobre cannabis medicinal y la atención integral de las personas a las cuales se les indique como modalidad terapéutica, medicinal o paliativa del dolor, el uso de la planta de cannabis y sus derivados, a la vez que desarrollar y aprobar guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad basadas en la mejor evidencia científica disponible.