En la Argentina, en los últimos años y fundamentalmente luego de la movilización masiva #Ni una menos (3 de junio de 2015), la violencia de género, en sus diferentes manifestaciones, tiene un espacio relevante en la agenda pública. Prueba de ello son la sanción de la Ley Micaela, la creación del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Sin embargo, el reconocimiento del acoso callejero como una de las modalidades de violencia basadas en género, es reciente, ya que fue incorporada a la legislación nacional recién en 2019.
Históricamente el espacio público ha sido un ámbito de dominio masculino, y el acceso de las mujeres a él ha sido producto de sus luchas. Esto explica que tal espacio sea limitado según el horario o la vestimenta y que su uso y disfrute sea diferenciado según el género. Como consecuencia, las mujeres habitan el espacio público, en parte, desde la inseguridad, la prevención y el miedo (Falú, 20142). Estos elementos se pueden definir como obstáculos en atención al género y que afectan la autoestima de las mujeres.
El impacto del acoso callejero para mujeres y niñas es cotidiano y sistemático, no sólo porque son tratadas como un objeto sexual sin voz ni decisión, sino también porque las obliga a desarrollar estrategias para sus traslados, evitando ciertos circuitos y horarios, ir acompañadas, modificar su forma de vestir, etc. reduciendo su capacidad para participar en la escuela, el trabajo y la vida pública. Limita su acceso a servicios esenciales y su disfrute de oportunidades culturales y recreativas. También tiene un impacto negativo en su salud y bienestar.
Dar dimensión del problema es difícil, por la falta de información sistemática, el subregistro y la falta de denuncias de las situaciones de acoso. Una encuesta realizada en el 2019 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señala que el 60% de los peatones son mujeres, el 58% de los usuarios de colectivos son mujeres y el 100% de las consultadas dijo haber sufrido situaciones de acoso en el transporte o el espacio público. Ese mismo año, unas 4 mil mujeres se animaron a denunciar distintas situaciones de acoso ocurridas en los colectivos, trenes, subtes y el espacio urbano, a través del SMS 22676 (ACOSO)3, antes de poner en funcionamiento de esta línea el Gobierno de la Ciudad no disponía de ningún registro de estas situaciones, ni siquiera en comisarías y fiscalías.
El acoso callejero, al igual que todas las demás modalidades de violencia de género, es producto de la socialización patriarcal. Para que exista un verdadero cambio, además de leyes y políticas públicas que sancionen estas conductas y protejan a las personas que atraviesan estas situaciones, es necesario un cuestionamiento y revisión de las prácticas asociadas a esta problemática (no denunciar, ser testigos pasivos) que permiten su invisibilización y reproducción. En este sentido, hay un rol fundamental del Estado, generando la normativa, las políticas y circuitos para hacer visibles estas situaciones y poder denunciarlas. Pero también es necesario un mayor compromiso y participación de la comunidad en general, no minimizando estas situaciones e involucrándose en caso de ser testigos de alguna de las diversas formas en que se manifiesta el acoso en la vía pública.
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