El colectivo travesti-trans se enfrenta a una vulneración constante de sus derechos, fuertemente agravada por la pandemia y las medidas de contención del COVID-19. Dada la discriminación estructural, que puede verse en distintos sectores de la sociedad, enfrentan una ausencia en la garantía de los derechos económicos, sociales y políticos. 

Estas vulneraciones se materializan desde barreras en el acceso a documentación, al asesoramiento legal -ya que muchas de ellas atraviesan procesos judiciales-, problemas de salud desatendidos, trayectorias educativas truncadas, problemas de vivienda, problemas de consumos problemáticos y nulas o escasas oportunidades de inclusión laboral (Indec e INADI, 2012; ATTA y Huésped, 2014; RedLacTrans, 2014).

Estas múltiples vulneraciones condicionan trayectorias vitales signadas por las violencias y la exclusión social, con una esperanza de vida de 32 años para mujeres trans. 

Impacto de la pandemia 

Desde el surgimiento de la COVID-19, tanto la pandemia en sí misma como las medidas no farmacológicas de contención (aislamientos sociales, distanciamiento, restricción circulación etc.) tuvieron un impacto desigual en la población, con mayor afectación de aquellos grupos con situaciones de vulnerabilidad previa. En el caso del colectivo travesti-trans, se agravaron las ya extremas condiciones de vida, incluso a pesar de algunas acciones puestas en marcha por el propio colectivo, como el proyecto #TejeSolidario, y el apoyo de grandes instituciones como las de cooperación con La Cruz Roja, con el Ministerio de Desarrollo Social y la agencia PNUD que se concentraron en entrega de alimentos y productos de higiene para las personas trans que están en hoteles. 

La situación laboral de los integrantes de este colectivo se vio gravemente afectada. Actualmente sólo un 9% de la población travesti trans cuenta con un trabajo formal, pero el 80% tiene como único ingreso el trabajo sexual voluntario o en situación de prostitución (y un 87% manifiestan que lo dejarían si tuvieran otra posibilidad). Dado que en cuarentena y aislamiento social el trabajo sexual no puede llevarse a cabo, la actividad más extendida de ingresos se vio imposibilitada, con un importante agravamiento de la pobreza y la situación habitacional. 

Por otro lado, las restricciones a la circulación y las medidas de aislamiento domiciliario generaron en toda la población un empeoramiento de la exposición a violencia. Esto fue particularmente importante en el caso de mujeres, niñes, adolescentes y disidencias, incluyendo integrantes del colectivo travesti trans. Se registró a su vez un aumento en las denuncias de violencia institucional con abusos de poder por parte de policías, detenciones arbitrarias y abuso sexual. 

En el plano sanitario, restricciones habituales en el acceso a los servicios de salud se vinculan de manera central con un sistema de atención médica binaria y transexcluyente. Se calcula que aproximadamente el 25% de la población refiere problemas de salud, pero el 63% no sabe o no responde, lo que pone de manifiesto las dificultades con el sistema de salud (Relevamiento del #TejeSolidario e Impacto Digital, con apoyo de UNFPA, PNUD y ONUSIDA, 2020). Por otro lado, en el marco de las medidas para contención de la pandemia, el incremento de barreras de acceso a salud implicó un empeoramiento en la falta de atención médica especializada, y la consecuente repercusión no sólo en el retardo en realizar diagnósticos oportunos, sino que también puso en peligro la continuidad de tratamientos crónicos (hormonización, antirretrovirales, salud mental etc.). 

Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentran sin ingresos y viven en la pobreza. La situación es crítica, ya que la falta de trabajo registrado, redunda en una concatenada vulneración de derechos. 

Imagen de portada: Sharon McCutcheon en Pexels