En diciembre de 2020, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos y representantes del sector privado nos reunimos para debatir y compartir propuestas a los fines de mejorar las políticas públicas de cuidado de la Argentina.
La experiencia nos sirvió para establecer acuerdos comunes, los cuales fueron plasmados en este documento, el más importante de los cuales sea, probablemente, la necesidad de impulsar desde todos los niveles del Estado y con el acompañamiento de la sociedad en su conjunto, políticas públicas que promuevan cuidados universales y de calidad a todas las personas mayores que viven con dependencia y apoyo a sus familiares.
Algunas experiencias y conclusiones a las que se arribó de forma colectiva y que detallamos a continuación pueden servir de insumos para su formulación:
- Los cuidados son un derecho humano y deben ser de calidad, de acceso universal y estar centrados en las necesidades y preferencias de las personas que viven con dependencia.
- Las políticas públicas de cuidados deben diseñarse con perspectiva de género, reconociendo y desnaturalizando la feminización de las tareas de cuidado, brindando redes que trasciendan el ámbito doméstico y que promuevan una distribución equitativa de las tareas de cuidados dentro del hogar entre varones y mujeres.
- Estas deben ser diseñadas con perspectiva federal, considerando las diferencias y desigualdades regionales, así como la multiculticulturalidad y la enorme heterogeneidad de este grupo poblacional. Los desafíos son tan grandes que es necesario aprovechar las nuevas tecnologías, promover el acceso igualitario a servicios digitales y entornos de innovación para que las instituciones de cuidado sean creativas y eficientes en su tarea.
- El Estado tiene un rol rector y de garante de derechos, pero los esfuerzos y la inversión de recursos tienen que ser compartidos entre el sector público, el privado y la sociedad civil, tanto en la capacitación, en la supervisión y en el apoyo permanente a las y los cuidadores, tanto remunerados como familiares.
- Las personas mayores tienen derecho a conocer sus derechos, ser consultados y consultadas, y participar activamente en el diseño de las políticas públicas que buscan mejorar su calidad de vida.
Por: Alejandra Vázquez
Licenciada en Psicología, especialista en violencia.