Marzo es en Argentina el mes de las mujeres y diversidades, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8M se suma en nuestro país el 18 de marzo y el 31 de marzo el Día Internacional de la Visibilidad Trans*.
En particular, hoy 18 es el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans como forma de recordar el fallecimiento de la gran activista Claudia Pía Baudracco, en 2012. Claudia fue incansable luchadora por los derechos del colectivo y en particular de la Ley de Identidad de Género, sancionada sólo unos días después de su muerte. Hoy más que nunca es necesario recordar la lucha de Claudia, que es la lucha de todos y todas y continuar trabajando en la promoción de los derechos de un colectivo de personas que históricamente ha sido vulnerado.
Si bien contamos en Argentina con un marco legal de avanzada en relación con los derechos de las personas trans*, que nos ubica en la región y en el mundo como un ejemplo por la normativa en relación al colectivo LGBTIQNB+, los episodios de discriminación y violencia basadas en género de todo tipo, incluyendo la violencia institucional, psicológica, física, sexual y virtual, continúan siendo parte de la vida diaria de personas del colectivo. Los discursos de odio se vieron además reforzados por la retórica de quienes hoy ocupan roles de gran llegada y poder político.
Pero no es sólo cosa de discursos, hay acciones específicas y medidas que han demostrado impacto negativo sobre el respeto y acceso a derechos de quienes vivimos y formamos este país. En particular, las personas integrantes del colectivo trans*, quienes ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad estructural y discriminación, violencia y crímenes de odio, ven algunos de sus derechos básicos directamente vulnerados.
Por un lado, la Ley 26.743 de Identidad de Género establece en su artículo 1° el Derecho a la identidad de género: “Toda persona tiene derecho Al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”. Pero, en febrero 2024, se anunció la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en cualquier documentación emitida por personas en la función pública. Esta medida, atenta directamente contra el respeto de la identidad de género de las personas, y no sólo vulnera este derecho a la Identidad, sino que va en contra de una Ley vigente.
Por otro lado, una vez que se ha producido un episodio de discriminación o violencia basada en motivos raciales, culturales, de género, etc, los mecanismos disponibles para las víctimas pueden tener dos caminos. Por un lado, la vía judicial es donde se pueden tomar medidas correctivas del daño infringido, y por el otro, organismos de protección contra la discriminación pueden influir en la política pública y generar herramientas, dispositivos o mecanismos de diversa índole para prevenir nuevos episodios y asistir a la víctima. En particular, en la lucha contra la discriminación, la disolución del INADI quita mecanismos de protección en casos de vulneración de derechos de todas las personas que habitan en territorio argentino, y en particular de aquellos colectivos vulnerados.
Pero no todo es negro: recientemente, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenaron a un influencer por discriminar a una mujer transgénero en redes sociales. La fiscal, titular de la Fiscalía especializada en Discriminación del MPF CABA, sostuvo que la publicación discriminatoria realizada por el imputado “generó una propaganda descalificatoria respecto de la víctima” y aseguró que la conducta denunciada atentó «contra derechos personalísimos, como el honor, la dignidad, su imagen, su derecho a autodeterminarse y su identidad de género», y que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans. La condena al imputado establecida por la jueza titular del Juzgado a cargo por la contravención de discriminación, sienta un precedente jurídico de gran importancia para futuras víctimas y denuncias.
Con todo lo que contamos, hoy, en un contexto que subestima y menosprecia la perspectiva de género y las violencias basadas en género, más que nunca nos toca recordar y luchar para promover los derechos de las personas trans. Recordar y afirmar el marco legal, recordar y afirmar los mecanismos de protección y mantener viva la certeza de que todos, todas, todes tenemos acceso a los derechos básicos e indelegables.