El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, algo que se terminó de oficializar dos años después cuando la Asamblea General proclamó esta fecha como el Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal marca un hito en la historia de la humanidad, fue la primera vez que los países acordaron las libertades y los derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. El documento sentó uno de los pilares mundiales en la protección de los derechos más básicos de las personas reafirmando principios de justicia, universalidad, interdependencia, no discriminación, entre otros.
La Declaración constituye el marco de referencia al que deben ajustarse las leyes y la acción política en los países. Proclama que todos los seres humanos «nacen libres e iguales en dignidad y en derechos», que todos tienen derecho a un nivel de vida «adecuado para la salud y el bienestar» de ellos y de sus familias en lo que respecta a «la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», y que es deber de los Estados promover y proteger estos derechos y libertades fundamentales. Los Derechos Humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales: la libertad y la igualdad entre todas las personas. La amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, son inherentes a todos los seres humanos y no hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político, condición social, cultural o económica.
En el caso de nuestro país, la Declaración Universal de Derechos Humanos está incorporada en nuestra legislación desde 1994, teniendo así igual jerarquía que la propia Constitución. Además, en Argentina, se celebra el Día de la Restauración de la Democracia (Ley Nº 26323) en conmemoración del 10 de diciembre de 1983, día en el que asumió un gobierno elegido por el voto popular dando fin a la última dictadura cívico-militar que tuvo como consecuencia el inminente avasallamiento de todas las garantías individuales protegidas por la Constitución. El proceso de democratización que permitió la movilización social, con una fuerte presencia del movimiento de derechos humanos, fue fundamental para alcanzar el fallo histórico en el Juicio a las Juntas que sentó precedentes y que sitúa en perspectiva la lucha incansable por la Memoria, Verdad y Justicia, y contra la impunidad del terrorismo de Estado.
Los derechos humanos constituyen una referencia ineludible para las luchas sociales y políticas en pos de consolidar lo público y fortalecer la democracia. Su carácter histórico supone una necesaria construcción permanente de formas colectivas de organización y convivencia social basadas en la justicia, la igualdad y la dignidad humana. El 10 de diciembre es una oportunidad para reflexionar, renovar los esfuerzos en la lucha por los derechos y de movilizarse contra desafíos ligados a la pobreza, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la discriminación. Sólo a través de medidas orientadas a cerrar las brechas sociales, el desarrollo de políticas de erradicación de la violencias y desigualdades, y la promoción de los derechos humanos, puede garantizarse una plena recuperación.
Hoy, la continua necesidad de ampliación de derechos debe contemplar políticas destinadas a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados: niños y niñas, personas LGBTIQ, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas mayores; personas con discapacidad, migrantes y refugiados. Las políticas de inclusión social deben estar centradas en el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la lucha contra la discriminación. La promoción y protección de los derechos humanos debe ser transversal a todas las políticas públicas y recoger las principales preocupaciones de la sociedad argentina.
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