Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

El 15 de junio ha sido proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, reconociéndolo oficialmente como un problema social global que afecta los derechos de millones de personas en todo el mundo. La conmemoración tiene el objetivo de generar conciencia social sobre el abandono, maltrato y abuso perpetrado hacia las personas mayores y promover acciones tendientes a fomentar una imagen positiva del envejecimiento libre de discriminaciones.

En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el maltrato a las personas mayores es una violación de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.  Representa una vulneración de los derechos humanos que va en aumento. Estos derechos se encuentran contenidos en la Convención Interamericana de protección de derechos humanos de las personas mayores que recientemente adquirió jerarquía constitucional en la Argentina y que consolida la inclusión de las vejeces en la agenda de los derechos humanos. Su aprobación en el año 2015 implicó un cambio de paradigma en la concepción sobre las personas mayores. La Convención insta a los Estados a asumir un papel activo para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y con plena integración y participación en la sociedad., haciendo referencia a su vez a garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

La Década de las Naciones Unidas del envejecimiento saludable (2021–2030) ofrece una oportunidad única de 10 años para cambiar radicalmente la forma de abordar el maltrato de las personas mayores. Este documento esboza cinco prioridades para prevenir y responder al maltrato de las personas mayores: 

• Combatir el edadismo; 
• Generar más y mejores datos sobre la prevalencia y los factores de riesgo y protección; 
• Desarrollar y ampliar soluciones rentables; 
• Realizar inversiones para abordar el problema; y 
• Recaudar fondos para abordar la problemática.

Según datos de la OMS  aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios.

Según un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de La Nación durante el año 2021 hubo 824 personas mayores afectadas por la violencia, representando el 7% del total de las personas afectadas en 2021. 5 de cada 10 sufren maltrato por parte de sus hijos/as. 8 de cada 10 personas afectadas son mujeres.

Este dato pone en evidencia que las mujeres son las más afectadas por la violencia hacia este grupo etario. La violencia de género afecta a todo tipo de mujeres, incluidas las mujeres de edad avanzada. En esos casos interseccionan dos características determinantes: el género y la edad, lo que implica generalmente una mayor vulnerabilidad en quienes las padecen. En este contexto, la interseccionalidad[1] aparece como una herramienta clave que nos facilita una mirada mucho más profunda, flexible y útil de cara no solo a la conceptualización sino también a la intervención.

La 49ª Asamblea Mundial de la Salud declaró a la violencia como un problema mayor de salud pública. En consecuencia, a partir de la obligación contraída por los Estados firmantes en relación al sector salud y la problemática de la violencia, la implementación de medidas para sensibilizar y capacitar a los equipos de salud en la temática se volvió fundamental, considerando que los programas de numerosas carreras de grado vinculadas a la salud carecen de contenidos específicos sobre la problemática.

Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de la salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar e intervenir en la problemática, la violencia hacia las personas mayores continuará oculta. El ámbito sanitario representa quizás la única oportunidad para las personas mayores para visibilizar su padecimiento, por ello es fundamental la capacitación de los equipos de salud.

Desde Surcos AC consideramos que se trata de una problemática social compleja que se encuentra multideterminada por factores sociales, culturales, políticos, institucionales y familiares, por lo tanto requiere de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, o sea de la construcción de estrategias coordinadas de acciones entre los Organismos e instituciones públicos Nacionales, Provinciales y Municipales y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La implementación desde la territorialidad de políticas de prevención, asistencia y protección de las violencias, junto con los distintos agentes institucionales y los dispositivos provinciales y locales, como con las redes comunitarias resulta un eje prioritario.

En este contexto,  en el año 2021 y en alianza con Fundación Navarro Viola implementamos el  “Programa de Abordaje integral e intersectorial de la problemática de la violencia hacia las personas mayores” en tres localidades:: Junín (Provincia de Buenos Aires), Chacabuco (Provincia de Buenos Aires) y Laboulaye (Córdoba), a los fines de construir agenda acerca de la problemática de la violencia hacia las personas mayores y promover políticas públicas a través de acciones integrales tendientes a transformar patrones sociales y culturales que sirven de fundamento a la violencia para su prevención y a incrementar capacidades en los gobiernos locales para el diseño e implementación de políticas de abordaje de la problemática.  Se diseñaron e implementaron acciones a todos los niveles, desde el plano de la acción pública de responsabilidad gubernamental, legislación y políticas públicas, hasta la promoción de sinergias con otros actores sociales no gubernamentales.

El proceso de abordaje integral involucra todas aquellas estrategias y acciones dirigidas a garantizar el goce y la restitución de los derechos vulnerados de las personas mayores, coordinando y articulando los diferentes servicios/programas que forman parte de los Municipios y la sociedad civil.  En este sentido, la corresponsabilidad es esencial,  hace referencia a que el Estado (Nacional, Provincial y Municipal) y sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil, asumen el abordaje, desde sus obligaciones y alcances. Esta idea de corresponsabilidad implica la convocatoria a todos los sectores con sus respectivos actores a dar respuesta a la problemática y evitar que se siga perpetuando.

[1] La interseccionalidad hace referencia a la consideración de los múltiples factores que pueden tanto incrementar la situación de vulnerabilidad y opresión en que se encuentran las mujeres y LGBTI. Estos factores pueden ser la edad, la condición socioeconómica, la discapacidad, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, la religión, entre otros.