La agenda del VIH, en tanto componente de la agenda de derechos sexuales y reproductivos, seguramente es una de las mas politizadas de la amplia agenda de salud. Lo ha sido desde el inicio y lo refuerza con este nuevo Plan global 2021-2026 que los países han aprobado en la última Reunión de Alto Nivel sobre Sida del año pasado. Bajo el nombre “terminar con las desigualdades, Terminar con el Sida” este nuevo plan al que se han comprometido los estados reconoce que ya existe toda la tecnología médica para controlar la transmisión, la infección y la enfermedad por VIH (no aún la cura) y que sin embargo el VIH va a continuar siendo un problema de salud pública mientras no se aborden las desigualdades sociales de las personas y grupos mas afectados por el VIH.
De esta manera este plan se corre de un tradicional plan de respuesta sanitaria para abogar por cambios estructurales en los países, muy ambiciosos pero necesarios, dicen, para que el VIH deje de ser un problema. Y ese plan aboga por la igualdad de personas trans, varones gays y bisexuales, trabajadoras sexuales, mujeres jóvenes y adolescentes. Reclama el fin de la violencia de género, del estigma y la discriminación a personas con VIH y las poblaciones más afectadas (las antes mencionadas más las personas usuarias de drogas), el acceso igualitario a la educación, el trabajo y las prestaciones sociales, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, entre otras cosas.
Cuando el VIH recién apareció, 40 años, atrás, entre la indiferencia de los gobiernos y el terror social, aparecieron las primeras organizaciones de personas con VIH que decidieron no morir en silencio. Denunciaron la indiferencia como genocidio, pero hicieron algo más, comenzaron a estudiar, investigar, juntar dinero e informar a sus pares. Fueron los primeros en diseñar políticas preventivas y tener una agenda de investigación de tratamientos. Para las los 90 ya estaba claro que el VIH no se resolvía solo con medicamentos y comenzaron a trabajar en la agenda de derechos. Bajo el objetivo sanitario de organizaciones con trabajo en VIH comenzaron a surgir organizaciones LGBT en países donde estaba criminalizado; con este mismo objetivo surgieron organizaciones de trabajadoras sexuales o de personas usuarias de drogas y las organizaciones de mujeres denunciaban la violencia y el machismo por el cual mujeres se infectaban y morían.
Ya más de 40 años después, con el reconocimiento y la legitimidad del rol indispensable de las organizaciones de personas con VIH o de las comunidades más afectadas, tampoco hay dudas del lugar que ocupa el estigma, la discriminación, la violencia, el machismo y las desigualdades en la propagación del VIH. Sin embargo, nunca había sido expresado tan claro anteriormente en un documento firmado por todos los países. Ahora es necesario que los países cumplan con sus compromisos y que las organizaciones, como lo han hecho desde hace cuarenta años, monitoreen, exijan y denuncien, si es necesario, para que esos compromisos se cristalicen en hechos concretos.
Nuestro país tiene una historia orgullosa de activismo y marcos legales muy adelantado a la mayoría de los países. La nueva ley de VIH que se aprobó este año tiene exactamente este espíritu de enfocarse en los problemas sociales de base. Pero también nuestro país tiene la característica de ser muy irregular haciendo cumplir sus leyes y en particular el desigual cumplimiento entre provincias que generan enormes diferencias en el acceso a derechos según la provincia de residencia. Que todas las personas accedan a todos los derechos que garantiza nuestro país sigue siendo el principal desafío del estado nacional y de los provinciales.
Por todo esto, el 1 de diciembre no solo se recuerda a quienes han muerto de sida o tienen VIH, por la discriminación, la criminalización y las inequidades, sino que también es un día para recordar que esas desigualdades siguen existiendo y están al acecho mientras no se produzca un cambio real en la percepción del valor social que cada persona tiene solo por el hecho de ser persona.
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