Las violencias basadas en género hacen referencia a violencias estructurales que se dirigen hacia las mujeres y diversidades con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Estas violencias se expresan a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias sexista y heterocentrista que tienden a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. Adoptan formas muy variadas, tanto en el ámbito público como en los contextos privados.
El artículo 4 de la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” sancionada en 2009 en nuestro país, define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal”, esta definición da cuenta de que es una problemática pública estructural que se encuentra determinada por dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales; y es considerada la violación a los derechos humanos más frecuente, extendida y generalizada en todo el mundo.
¿Qué pasa en los vínculos cuando existe la violencia de género?
En el contexto de una relación de violencia de género, el embarazo es una etapa de especial vulnerabilidad y riesgo. En ocasiones es en esta etapa cuando la violencia empieza a ser franca y evidente, un porcentaje importante de malos tratos por parte de la pareja se inician en este periodo, incluida la violencia física y sexual. A su vez, el embarazo añade dificultad a las mujeres de posibilidades de separarse de la pareja, muchas veces por situaciones de dependencia económica.
El maltrato constituye además, un factor de riesgo gestacional, motivo por el que todo embarazo en una mujer que sufre malos tratos se considera de alto riesgo, lo que significa un aumento de la morbimortalidad materna y perinatal: cuadros de estrés, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenaza de parto pretérmino, recién nacidos de bajo peso y muerte fetal y neonatal. La Organización Panamericana de la salud plantea que la violencia durante el embarazo puede tener consecuencias psicológicas. La mujer embarazada y maltratada por su pareja está en mayor riesgo de sufrir estrés, depresión y/o consumo problemático de alcohol o drogas.
Diversas investigaciones hablan de la violencia como una complicación del embarazo con mayor frecuencia que la hipertensión, la diabetes o cualquier otra complicación seria. Las adolescentes embarazadas, particularmente entre los 13 y 17 años de edad, corren un alto riesgo de ser víctimas de la violencia por parte de sus parejas. Si el embarazo era no deseado la violencia doméstica contra la mujer llega a ser cuatro veces más probable. Un embarazado no deseado en el contexto de la violencia de género puede ser un resultado de la violencia, ya sea por abuso sexual o violación marital.
Es importante saber que la violencia durante el embarazo es una agresión que pone en peligro no sólo una sino dos vidas, durante el embarazo los golpes suelen ser dirigidos a los senos, el abdomen o los genitales.
Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la violencia que ejercen algunos varones hacia las mujeres embarazadas?
- Que el cónyuge o pareja no le permita elegir el obstetra
- Que no le permita concurrir a los controles médicos
- Que la pareja manifieste celos por los profesionales que la atienden.
- Que la humille, ridiculice o insulte haciendo referencia a sus cambios físicos
- Que la pareja ejerza violencia física, psicológica o sexual hacia ella
- Que la quiera inducir al aborto
- Que la obligue a tener relaciones sexuales
- Que desconfíe sobre su paternidad
- Que le impida cumplir las indicaciones médicas
¿Cuál es el rol del sistema sanitario en esta problemática?
Existen sobradas evidencias de que la mujer embarazada tiene un riesgo de maltrato más alto que la mujer no embarazada, afectando su capacidad reproductiva. Pero también suele identificarse una baja detección de la violencia hacia las mujeres por parte del ámbito sanitario. Hay que considerar que los servicios de salud son los ámbitos más propicios para la detección de la violencia hacia las mujeres embarazadas. Es por ello que la capacitación de los equipos profesionales y la implementación de protocolos de abordaje resultan ser las herramientas fundamentales para dar respuesta a esta problemática.
La violencia física y psicológica contra la mujer embarazada es un problema frecuente con consecuencias adversas para la gestante y su hijo. Por ello, el sector salud debe conocer este grave problema, para poder diagnosticar y a partir de ello tomar medidas tendientes a su identificación e intervención adecuada. El control prenatal debería ser una estrategia de salud pública útil para la identificación de casos y potencial prevención de la violencia hacia la embarazada.
La violencia contra la mujer debe ser considerada una violación de los derechos humanos, no sólo por las consecuencias sociales, económicas y políticas que sufren as mujeres sino, fundamentalmente, porque repercute directamente en desmedro de la salud de las mujeres.
Los profesionales del ámbito sanitario pueden evitar situaciones de revictimización ante la presentación de casos, identificar indicadores de violencia y hacer un seguimiento, brindar la asistencia adecuada y registrar en la historia clínica, conocer y derivar a los recursos disponibles, trabajar desde la interdisciplina en la prevención y abordaje de la problemática.
Por: Alejandra Vázquez
Licenciada en Psicología, especialista en violencia.
avazquez@proyectosurcos.org