Hace unos años escribíamos con preocupación que, en Argentina, se producían anualmente cerca de 100.000 partos y más de 7.600 egresos hospitalarios con diagnóstico de aborto en adolescentes menores de 20 años. Haciendo hincapié en que 7 de cada 10 de esas gestaciones no eran intencionales y que, en muchos casos, derivaban en abandono escolar y en menos oportunidades de crecimiento personal.
Hubo un momento en que parecía que estábamos logrando revertir esa realidad, pero hoy asistimos a un retroceso.
Entre 2018 y 2023, durante dos gobiernos de distinto signo político, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) mostró resultados contundentes: se evitaron alrededor de 94.000 embarazos no intencionales y se redujo en un 50 % la tasa de fecundidad adolescente en los territorios priorizados. En provincias como Formosa, Chaco o Misiones, donde la proporción de embarazos adolescentes superaba el 12 %, los números cayeron de manera significativa.
El ENIA también fortaleció la equidad y el acceso: se realizaron más de 260.000 asesorías en salud integral en escuelas y espacios comunitarios, y cerca de 250.000 adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración. Estas cifras muestran que las políticas públicas integrales, con enfoque de derechos y articulación entre salud, educación y territorio, pueden transformar vidas y prevenir desigualdades estructurales.
Sin embargo, en 2024 esta política fue desmantelada: el gobierno nacional redujo su presupuesto, rescindió contratos, interrumpió capacitaciones y limitó de forma drástica la entrega de insumos. Cerró un programa que, además, había demostrado ser rentable —por cada dólar invertido se generaban 4,3 dólares en beneficios sociales—. A pesar de lo cual fue eliminado.
Hoy, adolescentes que antes encontraban acompañamiento, asesorías y acceso a métodos seguros vuelven a “deambular por los servicios de salud”. No es un detalle menor: significa más maternidades forzadas, más proyectos truncados, más riesgos para la salud.
Hablar de embarazo no intencional en la adolescencia importa porque interrumpe el camino hacia la vida adulta con autonomía; porque en niñas menores de 15 años los riesgos de muerte y complicaciones obstétricas son mucho mayores; porque las desigualdades de género y de territorio se profundizan, afectando sobre todo a zonas rurales y comunidades vulneradas; y porque los costos de no prevenir —educativos, sanitarios, económicos y sociales— son demasiado altos.
Desde Surcos creemos que hay caminos posibles. Podemos y debemos:
- Visibilizar y reclamar políticas públicas efectivas, construyendo ciudadanía para obligar al Estado a recuperar el diseño, el presupuesto y la estrategia del ENIA.
- Fortalecer la información confiable y el acompañamiento territorial, exigiendo que familias, equipos de salud y espacios educativos cuenten con datos actuales y herramientas para acompañar a adolescentes con derechos.
- Cuestionar discursos simplistas y moralizantes, que culpabilizan a las y los adolescentes sin reconocer las causas estructurales.
- Construir redes locales, sumando organizaciones, activistas, docentes, estudiantes y equipos de salud para sostener la presión política y social.
No podemos olvidar lo que se logró: una caída histórica en las tasas de embarazo adolescente gracias a una política pública seria y sostenida. No queremos resignarnos a retroceder.
Este Día Mundial del Embarazo No Intencional en la Adolescencia es una oportunidad para recordarnos que los derechos no se recuperan solos. Que la prevención, la justicia y la equidad son conquistas cotidianas. Porque no se trata solo de estadísticas, sino de vidas, de futuros truncados y de adolescentes que merecen construir sus propios proyectos de vida.