Cada miércoles, jubiladas y jubilados se reúnen frente al Congreso de la Nación para expresar sus demandas en torno a la mejora de sus ingresos, la continuidad de la moratoria previsional y el acceso a servicios de salud adecuados. Estas acciones reflejan el ejercicio legítimo de la participación ciudadana y el derecho a la protesta como parte fundamental de una sociedad democrática.
El consenso internacional muestra que, para avanzar hacia una sociedad preocupada y ocupada por promover una mejor calidad de vida para las personas mayores, es fundamental implementar estrategias que garanticen su envejecimiento activo y saludable. Este enfoque implica optimizar las oportunidades de bienestar físico, mental y social, y fomentar su participación en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Asimismo, resulta indispensable fortalecer políticas públicas que aseguren la protección, seguridad y acceso a servicios de calidad, permitiendo ampliar la esperanza de vida saludable y el bienestar integral en esta etapa de la vida.
Desde esta perspectiva, es preocupante que la respuesta ante estos reclamos sea la represión, ya que las intervenciones que restringen la expresión y participación ciudadana no solo afectan los derechos democráticos, sino que también pueden generar impactos negativos en la salud y calidad de vida de las personas mayores.
Es imprescindible que, como sociedad, reafirmemos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todas las personas y generemos espacios de diálogo que permitan construir soluciones inclusivas y sostenibles. La promoción de un envejecimiento digno y participativo debe ser un pilar central en la agenda pública, garantizando que quienes han contribuido al desarrollo del país puedan seguir ejerciendo plenamente su ciudadanía.
