La situación epidemiológica por COVID 19 y las consecuentes medidas sanitarias como el aislamiento social, preventivo y obligatorio han visibilizado y acentuado los prejuicios y discriminaciones hacia las personas mayores existentes en nuestra sociedad, configurando concepciones y prácticas “viejistas”.
El concepto de “viejismo” ha sido definido como un conjunto de representaciones imperantes en una cultura que asocian a la vejez con concepciones negativas tales como declinación física y mental, decrepitud, enfermedad, inutilidad. Concepciones y actitudes prejuiciosas que llevan a la marginación de las personas mayores. Estos mitos acerca de la vejez son ideas netamente culturales, implican desconocer la noción de proceso de envejecimiento y rotulan y cosifican a las personas.
La representación social de las personas mayores en nuestra sociedad pareciera tener una carga simbólica en la que su vida adquiere importancia proporcional a la capacidad de producción.
La pandemia ha sacado a la luz una multiplicidad de situaciones críticas para este grupo de edad. Por un lado, la cantidad de personas mayores que viven solas y que carecen de redes de apoyo social y son víctimas de maltrato estructural, en tanto carecen de recursos para solventar sus necesidades básicas, vulnerando el ejercicio de sus derechos. En este contexto de grandes desigualdades sociales es fundamental pensar qué alternativas ofrecer a las personas mayores en situación de calle, qué soportes sociales ofrecer para suplir espacios de encuentro como centros de jubilados, clubes, centros de día a los que ya no podrán concurrir y de los que recibían apoyo a algunas de sus necesidades.
Por otro lado, visibilizó prejuicios relacionados a la fragilidad, vulnerabilidad y deterioro. Si bien es cierto que las personas mayores forman parte del grupo de riesgo, la edad por sí misma no representa un factor de vulnerabilidad, las vejeces son heterogéneas y hay que considerar a su vez las enfermedades preexistentes. Por lo tanto, la vejez no es sinónimo de enfermedad. En relación a esto el contexto actual puso de manifiesto una de las violencias más invisibilizada y naturalizada, la violencia simbólica, la cual está vinculada a las concepciones estereotipadas, actitudes prejuiciosas y trato desigual a una persona mayor en función de su edad.
De esta manera se acentuaron múltiples concepciones que asocian la vejez con la debilidad y la imposibilidad de tomar decisiones, lo cual puede incidir en forma negativa en la salud emocional de las personas mayores. Con el correr de los días en cuarentena, han circulado en los medios de comunicación, innumerables concepciones acerca de la fragilidad emocional de las personas mayores para enfrentar el confinamiento, sin embargo, son quienes menos han transgredido el aislamiento preventivo y obligatorio. Por otra parte, tenemos que considerar que las personas mayores por su experiencia han vivido más situaciones adversas, pérdidas y duelos que otras generaciones más jóvenes, lo cual también favorece mayores mecanismos de afrontamiento ante situaciones de crisis.
El género y la generación son dos variables que corren el riesgo de aumentar la brecha de desigualdad considerando el colectivo de riesgo que representan las personas mayores, en un mayor porcentaje las mujeres, víctimas de violencia en sus diferentes modalidades, que se encuentran confinadas con sus perpetradores. El aislamiento preventivo es una medida necesaria para proteger la salud de las personas pero representa un factor de riesgo en situaciones de violencia. Además de incrementarse el riesgo en la frecuencia y gravedad de los hechos de violencia, disminuyen las posibilidades de las personas mayores de denunciar y de acceder a redes de apoyo social y comunitario.
La realidad del maltrato a la persona mayor es muy compleja, puede manifestarse en diferentes escenarios (social, institucional e intrafamiliar), presentarse de diversas formas (maltrato físico, psicológico, sexual, económico) y con múltiples factores de riesgo. Esto se agrava con el incremento de problemas económicos que trajo el desempleo durante la cuarentena y el aumento de los niveles de frustración en los varones que ejercen violencia al sentir que han perdido el control en otros aspectos de su vida y que se ha dañado su identidad masculina, hegemónica y patriarcal, incrementándose el riesgo del ejercicio de la violencia, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas. Este escenario propicia el abuso financiero a través de la apropiación ilegal de los recursos económicos de las personas mayores, cuyos victimarios en mayor porcentaje son los hijos varones de mediana edad, desocupados, con consumo problemático de drogas y/o alcohol.
Los centros de jubilados y las organizaciones de la sociedad civil suelen formar parte de las redes comunitarias donde participan las personas mayores y los primeros espacios a los que recurren en búsqueda de apoyo ante esta problemática, lo cual se ve afectado en la situación de aislamiento.
Es fundamental reforzar las acciones y dispositivos de atención a las personas mayores en situación de violencia en el marco de la Emergencia Sanitaria, establecer estrategias de comunicación para facilitar el acceso a los recursos institucionales así como el acceso a Justicia.
Por otra parte, la Convención Interamericana de protección de los derechos de las personas mayores representa un marco normativo que marca el rumbo de las acciones gerontológicas desde el enfoque de derechos, para garantizar un envejecimiento activo, saludable, con calidad de vida y dignidad. En su Artículo 5 hace referencia al rol más activo que deben asumir los Estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia así como adoptar y fortalecer medidas de protección especial de las personas mayores, sean legislativas, judiciales, administrativas o presupuestarias
La Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil ordenó desde que rige la cuarentena obligatoria prorrogar automáticamente por sesenta días las medidas cautelares de protección para víctimas de violencia que vencieron en los últimos 40 días antes de iniciada la cuarentena o que vencieran dentro de la cuarentena por COVID 19. Esto incluyó medidas como exclusiones del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión y otorgamiento de dispositivos como botones antipánico y tobilleras, entre otras. Esta decisión judicial representa un avance fundamental para proteger los derechos de las víctimas y evitar la perpetuación de la violencia en la situación de emergencia sanitaria.
Sin dudas la pandemia dejará a la luz las prioridades y el contexto actual como espejo para reflexionar sobre la calidad de vida que proyectamos para las vejeces.
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Imagen de portada: www.freepik.es
Por: Alejandra Vazquez
Licenciada en Psicología, especialista en violencia.