Una sociedad para todas las edades significa una sociedad sin discriminación por motivos de edad, una sociedad en que cada persona tenga la oportunidad de realizarse libremente y de llevar una vida productiva y satisfactoria.
Los derechos humanos pueden ser definidos como la normativa de protección, principalmente de la vida y la dignidad del ser humano, con independencia de cualquier nacionalidad, etnia, género, edad, opinión política, posición económica, religión.
Considerando el contexto en relación a los aspectos sociodemográficos, la población de América Latina y el Caribe envejece significativamente debido a la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida; lo cual significa que una de las consecuencias sea que la población de 60 años y más crezca en forma constante. Esta tendencia hace necesario que los Estados generen políticas públicas que atiendan especialmente a las personas adultas mayores, y que lo hagan con un enfoque de integración e inclusión que impacte positivamente en la calidad de vida de la población y en el desarrollo de los países.
En el escenario de envejecimiento poblacional mundial, la Convención Interamericana de protección de los derechos de las personas mayores consolida la inclusión de la vejez en la agenda prioritaria de derechos humanos. Su aprobación implica, a su vez, un cambio de paradigma en la concepción sobre las personas mayores, motivo por el cual los Estados deben asumir un papel más activo para que puedan ejercerlos, en condiciones de igualdad y con plena integración y participación en la sociedad.
La Convención fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015 y ratificada por la Argentina en Mayo de 2017 mediante la Ley 27 360. Representó un salto cualitativo en la consideración de este colectivo, generándose un marco normativo que obliga a los Estados firmantes a desplegar una serie de instrumentos tendientes a cumplir y hacer cumplir esos derechos consagrados.
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad y los documentos aprobados por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid, en el año 2002, han marcado un importante avance en el reconocimiento de aspectos vinculados a los derechos de las personas mayores.
Esta asamblea tuvo como objetivo realizar un examen global de los avances logrados desde la primera Asamblea Mundial y acordar un plan de acción y una estrategia con los cuales los países enfrentarían las consecuencias del proceso de envejecimiento de sus poblaciones, en un contexto de una sociedad para todas las edades. Comprometía a los gobiernos a diseñar y ejecutar medidas que hicieran frente a los retos planteados por el proceso de envejecimiento y proponía una cantidad de recomendaciones sobre tres temas prioritarios: los adultos mayores y el desarrollo, mejoramiento de la salud y el bienestar en los adultos mayores y creación de ambientes favorables y de apoyo.
La Declaración de Brasilia es otro documento positivo que antecede a la Convención, ya que recomienda la designación de un relator especial sobre derechos humanos de las personas mayores en el ámbito de las Naciones Unidas, una figura trascendental que ayudará a los países a avanzar en la concreción y la redacción de una convención sobre los derechos de las personas adultas mayores.
Finalmente, luego de largos años de trabajo, la Convención se convierte en el nuevo estándar del continente americano, sentando de esta forma un precedente a nivel mundial. Los primeros países en firmar el documento fueron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.
El artículo 3 de la Convención establece una serie de principios generales para la aplicación del instrumento que son: la promoción y defensa de los derechos humanos y de la persona mayor, la valorización de su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y la autonomía, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida, entre otros.
La Convención reconoce que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económicas, social, cultural y política de sus sociedades. Por otra parte destaca la necesidad de abordar los asuntos sobre la vejez desde una perspectiva de derechos humanos que reconozca las contribuciones de la persona mayor a la identidad cultual, al desarrollo humano, social, económico y a la erradicación de la pobreza.
En este sentido, desde Surcos AC implementamos programas y proyectos en un trabajo articulado con los referentes de las comunidades y los Municipios locales, favoreciendo la conformación de redes de respuesta intersectoriales que promuevan el envejecimiento activo, la construcción de capacidades y la promoción de los derechos de las personas mayores.
La política pública de Envejecimiento Activo es el resultado de un proceso altamente participativo, concertado y articulado, entre diversos actores institucionales y sociales que son el reflejo de intereses conjuntos en la transformación de la calidad de vida de las personas mayores. Es por ello que asesoramos a los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas públicas sobre los determinantes de la salud en todas las etapas del curso de vida con un enfoque intergeneracional, con el fin de fomentar el envejecimiento activo y saludable.
Creemos que el envejecimiento activo y la perspectiva de derechos de las personas mayores es un nuevo paradigma y a la vez, junto a otros elementos, es una excelente herramienta para diseñar e implementar acciones a todos los niveles, desde el plano de la acción pública de responsabilidad gubernamental, legislación y políticas públicas y programas públicos, hasta la promoción de sinergias con otros actores sociales no gubernamentales y, por supuesto, la acción y beneficio de cada uno de los individuos de la sociedad.
Por: Alejandra Vazquez
Licenciada en Psicología, especialista en violencia.