Situación de calle durante la pandemia por COVID-19

Esta imagen y otras similares del paisaje cotidiano de varias ciudades de california recorrieron el mundo durante el 2020. Solo en Estados Unidos hay más de medio millón de personas que se encuentra en situación de calle. Esto no es un hecho aislado.

Desde hace varias décadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza al igual que en otras grandes urbes de Latino América y el mundo, se observan personas que pernoctan en plazas, en autos abandonados, en guardias de hospitales, debajo de puentes, en estaciones de tren y en distintos espacios de la vía pública. La situación de calle, ya bien sabemos no es solo un fenómeno local y  se enmarca en un proceso de exclusión social resultado del achicamiento del Estado y las reformas neoliberales que comenzaron a operar en América Latina desde fines de los años ´80 (Oslak, 2004; Castel, 1995).

En lo que respecta a la CABA hacia fines de los años ’90 se registró un aumento cuantitativo de la cantidad de personas excluidas residencialmente. Desde ese entonces, esta problemática fue abordada por el Estado local ideando un conjunto de políticas y programas para atender a esta población. No obstante, la cantidad de personas se ha ido incrementando registrando en 2019 en el  último Censo Popular 7251 personas en situación de calle efectiva (esto incluye personas con pernocte en la vía pública, paradores del GCBA y lugares conveniados). Entre las circunstancias que provocaron esta situación, el 42% afirma que la principal causa fue la pérdida del trabajo y la incapacidad de pago para evitar ser expulsados de su vivienda( Censo Popular, 2019). Actualmente existe una heterogeneidad de personas que sobreviven en situación de calle como única opción. Esta definición incluye a: personas que pernoctan en la vía pública, en hogares y paradores, en hoteles subsidiados, como así también personas que viven en asentamientos precarios con riesgo de ser desalojados (Ley 3706).

¿Por qué es un problema de salud?  

Desde la perspectiva de la Epidemiología crítica la construcción de salud en el espacio urbano es un proceso estratégico de convergencia reflexiva y crítica de las instituciones del sector público, los núcleos académicos y las organizaciones sociales (Breilh, 2010). Esta modalidad promueve condiciones de accesibilidad al proceso de salud/enfermedad/atención, y posibilita  la exigibilidad y la justiciabilidad de  los derechos de ciudadanía (Zaldúa, 2011).

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 800 millones de personas en el mundo se van a dormir con hambre. El hambre crónica tiene efectos devastadores e irreversibles.  En ese sentido, las problemáticas de las  personas en situación de calle están atravesadas por los procesos de exclusión y vulnerabilidad social (Castel, 1995),  sobreviviendo en condiciones de marginalidad, y presentando obstáculos al ejercicio de sus derechos lo cual impacta directamente en su salud, entendida desde la perspectiva integral. 

¿Qué sucedió durante la pandemia? 

Desde ya es evidente señalar que las condiciones de precariedad material en la que las personas en situación de calle sobreviven en la ciudad no son compatibles con las medidas de higiene requeridas para la prevención del COVID-19. Entonces, frente a las medidas tomadas en marzo del año pasado que por decreto sostuvieron el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)  y las campaña “quedate en casa” tuvieron un impacto diferencial en esta población, que como señalamos es homogénea. 

El impacto económico sufrido en gran parte de la población se vió aún más recrudecido en las personas en situación de calle ya que se vieron aún más excluidas. En este aspecto, las limitaciones de circulación cortaron muchos de los ingresos  económicos para quienes realizaban ventas callejeras, changas, acopio y venta de materiales, entre otras actividades. Asimismo, se vio obstaculizado el acceso a diferentes servicios, se agudizaron diversas enfermedades y padecimientos que no pudieron ser atendidos debido a que los servicios de salud se encontraban principalmente abocados a la atención de COVID-19. Por último, se ha registrado que las personas en situación de calle sufrieron abusos policiales y su situación de vulneración de derechos devino aún más alarmante.  

Dadas estas condiciones, diversas organizaciones sociales y grupos de vecinxs continuaron garantizando sus actividades mediante ollas populares, acompañamiento en la gestión de subsidios como el IFE, repartición de productos de higiene general e higiene menstrual, entre tantas otras acciones.  Resistencias diversas que se entrelazan por la posibilidad de aparecer y poner en cuestión los destinos de precarización de las vidas que plantea este sistema.  

En este nuevo escenario que estamos transitando es necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a esta población para poder garantizar derechos y construir equidad en salud desde una perspectiva integral.  Desde la sociedad civil a su vez exigir que se cumplan las leyes y acompañar en la generación de procesos de accesibilidad a las mismas. 

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Compartimos también un artículo sugerido sobre la situación en Brasil: http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/3338 


Por:  Paula Inés Tortosa

Por: Paula Inés Tortosa

Licenciada y Profesora en Psicología (UBA)
Magister en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud (UNLA)
Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA)

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