Desafíos actuales para la construcción de políticas públicas integrales desde un enfoque de derechos humanos
“La sociedad trata a los viejos como una especie aparte.” Simone de Beauvoir, La vejez (1970)
Lic. Alejandra Vázquez
Más de cinco décadas después de esta advertencia, la vejez continúa siendo un territorio atravesado por múltiples formas de exclusión, desigualdad y violencia. Estas violencias no constituyen hechos aislados ni se explican únicamente por dinámicas familiares o individuales, sino que se inscriben en procesos estructurales de desigualdad social, económica, de género que afectan el ejercicio pleno de los derechos humanos. En un contexto de acelerado envejecimiento poblacional, este fenómeno se vuelve un desafío central para las políticas públicas.
La violencia hacia las personas mayores constituye una problemática compleja y multicausal que afecta a millones de personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como un problema de salud pública y una vulneración de derechos humanos, con consecuencias que incluyen deterioro de la salud física y mental, pérdida de autonomía, aislamiento social e incremento de la mortalidad. Sin embargo, su magnitud real permanece parcialmente invisibilizada debido al subregistro, la naturalización del maltrato y las dificultades de denuncia, especialmente en contextos de dependencia o convivencia familiar.
En Argentina, los datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia permiten dimensionar la gravedad del fenómeno: en 2024 se registraron 1031 personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica, con un promedio de tres casos por día. En el 76% las víctimas fueron mujeres, con una edad promedio cercana a los 70 años, y en casi la mitad de los casos el agresor era un hijo. Esto evidencia que la violencia hacia las personas mayores no ocurre principalmente en espacios externos o desconocidos, sino en el interior de los vínculos familiares, allí donde se espera cuidado y protección. Las formas más frecuentes son las violencias psicológicas, que incluyen humillaciones, amenazas, desvalorización y control, muchas veces sostenidas en el tiempo.
Este escenario no puede comprenderse sin considerar el contexto demográfico. El envejecimiento poblacional constituye uno de los cambios estructurales más importantes del siglo XXI. En Argentina, como en gran parte de América Latina, la proporción de personas mayores crece de manera sostenida, al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida, especialmente en las mujeres. Esta feminización de la vejez no es solo un dato estadístico, sino el resultado de desigualdades acumuladas a lo largo del curso de vida: trayectorias laborales interrumpidas, inserciones precarias, menor acceso a seguridad social y una histórica distribución desigual de las tareas de cuidado.
Estas desigualdades se profundizan en la vejez y se traducen en mayores niveles de vulnerabilidad económica, soledad y dependencia. Muchas mujeres mayores llegan a esta etapa con ingresos insuficientes y redes de apoyo debilitadas, lo que incrementa su exposición a situaciones de violencia. A su vez, estas violencias no comienzan en la vejez, sino que suelen ser la continuidad de relaciones desiguales de género sostenidas durante toda la vida.
En este contexto, los obstáculos para el abordaje de las violencias siguen siendo significativos. Persisten la fragmentación institucional entre salud, justicia, seguridad y áreas sociales; la ausencia de protocolos unificados de intervención; la falta de formación específica en envejecimiento y derechos humanos; y la escasa producción de datos estadísticos integrados. A ello se suman los prejuicios edadistas que naturalizan la violencia o la minimizan, considerando que “es parte de la vejez”, lo que contribuye a su invisibilización y a la demora en la intervención.
En paralelo, el marco normativo ha experimentado avances sustantivos. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia. En Argentina, su jerarquía constitucional refuerza este mandato y obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, autonomía y dignidad. Sin embargo, la distancia entre la norma y su implementación efectiva sigue siendo un desafío central.
En este escenario, el contexto político y discursivo actual adquiere una relevancia decisiva. En los últimos años, se ha intensificado la circulación de discursos públicos que presentan a las personas mayores como carga social o población dependiente de asistencia. Estos discursos no son neutros ni meramente retóricos: producen efectos concretos en la vida social, institucional y política. El lenguaje que desvaloriza la vejez contribuye a consolidar imaginarios edadistas que habilitan prácticas de exclusión, recorte de derechos y naturalización de distintas formas de violencia.
Cuando se construye socialmente la idea de que las personas mayores “sobran”, “cuestan demasiado” o son un obstáculo para el desarrollo económico, se debilitan los marcos simbólicos que sostienen la protección de derechos. El edadismo, en este sentido, no es solo una actitud individual, sino una forma estructural de discriminación que se expresa en políticas públicas, en prácticas institucionales y en el sentido común social.
Este clima discursivo no es inocuo. En los últimos años, las movilizaciones de personas mayores en defensa de sus derechos —particularmente en reclamo de ingresos jubilatorios dignos y acceso a la salud— han sido acompañadas en múltiples ocasiones por situaciones de tensión y represión en el espacio público, lo que expone una dimensión política de la violencia hacia la vejez. La presencia de personas mayores en las calles no es un dato menor: expresa la persistencia de la desigualdad y la necesidad de seguir reclamando derechos básicos.
En este marco, el desafío de las políticas públicas es doble. Por un lado, garantizar respuestas integrales, intersectoriales y basadas en derechos humanos que permitan prevenir, detectar e intervenir frente a las violencias. Por otro, disputar el sentido social de la vejez, enfrentando los discursos que la desvalorizan y construyendo nuevas representaciones que reconozcan a las personas mayores como sujetas activas, autónomas y portadoras de derechos.
Las violencias hacia las personas mayores no son un destino inevitable del envejecimiento. Son el resultado de estructuras sociales desiguales, de sistemas de cuidado insuficientes, de instituciones fragmentadas y de discursos que, cuando desvalorizan la vejez, terminan legitimando su vulneración. Por ello, hablar de violencia en la vejez es también hablar del tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir y sostener.
En este sentido, frente al escenario de envejecimiento poblacional sostenido que atraviesan nuestras sociedades, se vuelve imprescindible fortalecer las capacidades estatales, comunitarias e institucionales para el diseño e implementación de políticas públicas integrales, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. El desafío no es menor: implica transformar modos de gestión, mejorar la articulación entre niveles del Estado, consolidar sistemas de información, formar equipos técnicos especializados y generar estrategias sostenidas que permitan pasar de intervenciones fragmentadas a políticas públicas robustas, capaces de garantizar derechos a lo largo del curso de vida.
Desde Surcos AC, renovamos el compromiso con esta agenda, entendiendo que el abordaje del envejecimiento no puede reducirse a acciones aisladas sino que requiere una estrategia integral de fortalecimiento de capacidades de gestión en los territorios. Trabajamos en el diseño y acompañamiento de proyectos orientados a mejorar la respuesta institucional frente al envejecimiento poblacional, promoviendo la construcción de dispositivos intersectoriales, la formación de equipos técnicos, el desarrollo de herramientas de planificación y gestión y la incorporación de enfoques innovadores que permitan dar respuesta a la complejidad creciente de las trayectorias de vida en la vejez.
Nuestro trabajo se inscribe en la convicción de que las políticas públicas no solo deben responder a las urgencias, sino también anticiparse a los procesos estructurales que redefinen nuestras sociedades. El envejecimiento poblacional es uno de ellos, y su abordaje requiere una mirada estratégica, situada y comprometida con la ampliación de derechos. Fortalecer las capacidades de gestión en este campo no es únicamente una tarea técnica, sino una decisión política orientada a construir sociedades más justas e inclusivas, donde envejecer no sea sinónimo de pérdida de derechos, sino de su plena garantía.